En los últimos 25 años unos 250 expedientes de corrupción gubernamental han sido sometidos a la justicia. De estos, apenas ocho han logrado sentencias definitivas y solo tres personas han ido a prisión por distraer a su favor fondos del erario público.
La falta de castigo a los corruptos obedece a una escasez de políticas efectivas contra el hurto de los recursos del Estado y más que todo a la ausencia de transparencia con que se manejan los distintos gobiernos.