Redacción
El Universal
Lunes 13 de agosto de 2007

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que investiga desde hace un mes a funcionarios por “posibles actos de corrupción” en el proceso de adquisición de un inmueble.

La Contraloría Interna del Tribunal inició un “procedimiento administrativo procedente” por este hecho, pero no detalla quién o quiénes son los servidores públicos investigados ni qué puesto tienen dentro de la estructura del máximo órgano electoral o si han sido separados de sus cargos, se señala en comunicado.

En menos de una semana, el Tribunal vivió la renuncia de su presidente, Flavio Galván Rivera, y el ascenso de la primera mujer que preside el máximo órgano electoral del país, María del Carmen Alanís Figueroa, así como la denuncia de que una funcionaria que quiso “amarrar” la compra de un edificio por una comisión de hasta cinco millones de pesos.

EL UNIVERSAL reveló el 9 y 10 de agosto que Norma Inés Aguilar León, coordinadora de asesores de la presidencia del Tribunal, es investigada por negociar una comisión en la compra de un edificio que sería una sede regional del Tribunal con cabecera en el DF y otras oficinas administrativas del órgano.

Aguilar León, maestra en Derecho, visitó al menos cinco inmuebles y acordó con una corredora de bienes raíces una comisión de hasta cinco millones de pesos para “amarrar” el trato de compra-venta, que cerraría su marido Octavio López.

Lo que no supo Aguilar León es que la oferta la hizo a una persona cercana a uno de los magistrados del Tribunal, que posteriormente presentó una denuncia. Este diario también dio cuenta de que esta funcionaria gozaba de prestaciones similares a las de los siete magistrados que integran el Tribunal.

Con recursos públicos, se le pagaba automóvil y celular; además tiene un seguro de vida de 40 meses de percepciones ordinarias, otro de gastos médicos mayores de hasta 592 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal y un seguro colectivo por 25 mil pesos.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la denuncia por anomalías en la compra de dicho inmueble derivó en la renuncia del entonces presidente del Tribunal, Flavio Galván.

Antes de las vacaciones de julio, los magistrados le pidieron a Galván separar de su cargo a Noma Inés para que no entorpeciera las investigaciones. Sin embargo, no aceptó.

El lunes 6 de agosto Galván Rivera presentó oficialmente su renuncia como presidente del Tribunal con carácter de irrevocable pretextando “motivos de salud”.

Minutos antes del martes, se convocó a los integrantes del Tribunal a una sesión, la Sala Superior aceptó la renuncia y procedió a la elección por unanimidad de la primera mujer en este cargo, María del Carmen Alanís.

El 8 de agosto, el Consejo de la Judicatura Federal informaba que “no tiene conocimiento oficial de investigación alguna”, pero se declaró “pendiente y atenta a los procedimientos que se desarrollen en el ámbito de su competencia”.

La tarde del domingo, en un comunicado, el Tribunal detalló que desde el 6 de julio de 2007 Galván Rivera, recibió una denuncia en la que se alertaba de “posibles irregularidades cometidas durante el proceso de búsqueda de un inmueble para albergar diversas oficinas administrativas y la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal”.

Ese mismo día, Galván remitió la denuncia ante la Contraloría Interna del Tribunal para que se iniciara un “procedimiento administrativo”.

Explicó que se inició un “procedimiento administrativo procedente”, etapa en la que “el servidor público al que se le imputa la irregularidad” presente pruebas a su favor.

Agotado dicho procedimiento, se elaborará un proyecto que será sometido a la decisión final de la “Comisión de Administración”, integrada por la magistrada presidenta Alanís Figueroa, y el magistrado Constancio Carrasco Daza, así como con tres consejeros de la Judicatura Federal.

En el comunicado se explicó que el procedimiento se les “obliga a guardar el sigilo, la reserva y, en su caso, la confidencialidad que las leyes determinan y el procedimiento amerita; además de la objetividad e imparcialidad connaturales a su encargo”.

Finalmente, se informó que si este caso llega al “conocimiento de la Sala Superior (en caso de destitución e inhabilitación y si el funcionario apela la resolución de la Comisión), la cual lo resolverá en definitiva, de igual manera sus siete integrantes deberán observar la misma actitud de imparcialidad y objetividad. Consecuentemente, también se encuentran impedidos para formular cualquier pronunciamiento o comentario previo a su resolución”.