Por: Redacción Omnia Periodismo de Chihuahua.
El basquetbolista chihuahuense Eduardo Nájera asegura que dentro de la Federación Mexicana de Baloncesto existe una gran corrupción desde los últimos doce años, que daña en gran medida el desarrollo de este deporte a nivel nacional.
El actual dirigente, del cual no quiso mencionar su nombre, dice Nájera que en algún momento quiso perjudicar su carrera evitando que el atleta chihuahuense fuera a los Estados Unidos, y que actualmente no juega con la selección mexicana de basquetbol porque simplemente no se le invita.
Criticó los malos resultados que ha tenido la selección de baloncesto a nivel internacional y todo esto porque existe un grupo de personas sin moral ni principios, que no trabajan ni dejan trabajar a nadie, amedrentando con amenazas.
A la vez, considera que el dirigente es una persona cínica, por lo cual no merece que su nombre sea mencionado toda vez que nunca ha hecho nada por el basquetbol ni el fomento del deporte.
Dijo que va en contra de sus principios el participar en cualquier actividad en la que no se le invite y que al mismo tiempo su mirada está puesta en su carrera. Agregó que si algún día las cosas cambian dentro de la Federación Mexicana de Baloncesto, con mucho orgullo representaría al combinado nacional en competencias internacionales.
Los galardonados subrayaron el hecho de que miembros de la comunidad universitaria hayan conseguido las primeras posiciones, lo que refrenda el carácter de vanguardia de esta casa de estudios y la calidad de la investigación que se realiza en ella. Por ello, sigue siendo la institución más importante de educación superior del país y el mayor proyecto cultural que ha tenido la nación.
Afirmaron que el esfuerzo realizado tanto por la Universidad Nacional como por la SFP al organizar este encuentro, favorece el intercambio de ideas cimentadas, informadas, bien desarrolladas metodológicamente, que puedan contribuir al debate desde la academia.
Consideraron que en la medida que las propuestas presentadas en los trabajos sean tomadas en cuenta por las autoridades encargadas de diseñar y ejecutar las políticas de gobierno, podrán ayudar en el combate contra la corrupción, impunidad y delincuencia organizada.
Legisladores federales y de diversas entidades del país iniciarán la discusión sobre los ajustes que requieren las leyes de transparencia de los estados para ajustarse a las modificaciones aprobadas al Artículo 6 constitucional.
El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública explicó que con ello se iniciará la llamada segunda generación de las leyes de transparencia.
La primera reunión, que se celebrará en la ciudad de Puebla, tendrá como objetivo determinar cuáles son los principales compromisos que se deben atender para convertir en una realidad los preceptos del renovado artículo constitucional.
En los estudios comparativos sobre las leyes que se han realizado, la del estado de Guanajuato resulta entre las más rezagadas, como puede comprobar además cualquiera que pida documentos públicos, que se enfrenta a múltiples obstáculos para conseguirlos.
Los legisladores determinarán cuáles son las legislaciones que se deben ajustar para atender el nuevo texto constitucional, sobre todo en lo referente a los artículos transitorios donde se establecen los lazos concretos para mejorar la transparencia.
Entre otras cosas se debe hallar la solución para que en un plazo de dos años, como establece la Constitución, las entidades cuenten con instrumentos para garantizar el acceso a la información pública, y que las poblaciones de más de 70 mil habitantes tengan sistemas electrónicos para dar acceso a la información pública.
El trabajo que iniciará la próxima semana se irá complementando con aportaciones en los siguientes meses por parte de legisladores y autoridades federales y locales, para terminar con las asimetrías que aún existen en el acceso de la información pública en los estados.
Entre otras cosas se deberá de atender de manera prioritaria la necesidad que los nueve estados que aún no cuentan con una institución específica para garantizar el derecho a la información pública lo tengan y así la población pueda exigir su derecho.
Otro de los objetivos será hacer los ajustes legales correspondientes para que ya no se solicite identificación a los ciudadanos que requieran datos, ni que tampoco se vean obligados acreditar interés jurídico alguno al pedir información publica. |
